REDACCIÓN.- El presidente Joe Biden no solo protegió a su hijo Hunter Biden de dos condenas por delitos graves, sino que también le evitó cumplir una posible pena significativa en una prisión federal. Hunter, de 54 años, enfrentaba cargos por evasión fiscal y falsificación en solicitudes de armas, con penas máximas combinadas que ascendían a 42 años, aunque se esperaba que cumpliera mucho menos tiempo.
Cargos fiscales y condenas por armas
En septiembre, Hunter Biden se declaró culpable de nueve cargos federales relacionados con evasión fiscal, incluida la falsificación de registros y la omisión de declaraciones, delitos cometidos durante una época marcada por su adicción al crack y un estilo de vida descontrolado. Estas acusaciones podrían haber resultado en una condena de hasta 17 años, aunque expertos en sentencias estimaban que habría cumplido alrededor de tres años en prisión.
En junio, un jurado en Delaware lo encontró culpable de tres cargos graves por mentir en una solicitud federal para la compra de armas. Estos cargos, que incluían proporcionar información falsa sobre su consumo de drogas, conllevaban una pena máxima de 25 años. Sin embargo, las expectativas apuntaban a una sentencia de hasta 16 meses.
De haberse mantenido las sentencias previstas, las condenas se habrían cumplido de manera concurrente, siendo la de mayor duración la que determinara el tiempo tras las rejas.
El indulto presidencial y su impacto
El indulto presidencial, anunciado el pasado domingo, eliminó la posibilidad de cualquier sentencia, dejando sin efecto las audiencias de sentencia programadas para el 13 y 16 de diciembre en Delaware y Los Ángeles, respectivamente. El equipo legal de Hunter Biden presentó los documentos correspondientes para informar a los jueces de que el perdón había dejado sin validez las audiencias pendientes.
La decisión de Joe Biden ha sido recibida con fuertes críticas de sus opositores, quienes acusan al presidente de abuso de poder y nepotismo. El perdón ha reavivado el debate sobre la equidad en el sistema judicial estadounidense y ha intensificado la presión sobre la administración Biden en un año preelectoral.
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