A juicio de analistas y opositores, la nueva ley migratoria en Florida que entra en vigencia a partir del mes de julio, es una de las normativas más duras en Estados Unidos. A través de ella, el gobernador Ron DeSantis busca frenar la presencia de indocumentados en la entidad y de alguna manera limitarlos.
Muchos consideran que el líder republicano ha tomado estas medidas conservadoras como parte de su plan en contra de la inmigración. DeSantis dejó claro en reiteradas oportunidades su opinión en relación al tema de extranjeros ilegales en el país y el mal manejo que ha tenido la Casa Blanca.
Las autoridades norteamericanas anunciaron en días pasados una serie de mecanismos para contrarrestar el paso a través de la frontera. Sin embargo, todo parece ser insuficiente ante la gran cantidad de personas que buscan nuevas oportunidades en Estados Unidos.
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Recientemente, el fiscal general de California, Rob Bonta, responsabilizó a Florida de organizar el traslado de un grupo de hispanos a la capital de Sacramento. De acuerdo al reporte hecho por la agencia de noticias, Associated Press, dejaron a los extranjeros en una iglesia de la localidad.
Tenían documentos del estado de Florida
Bonta dijo para el referido medio, que un total de 16 personas procedentes de Colombia y Venezuela, entraron al país por el área de Texas. Posteriormente, viajaron a Nuevo México y de ahí subieron a un avión fletado hasta California, específicamente a la diócesis católica romana.
El fiscal general subrayó que la situación se encuentra bajo investigación de las autoridades. Asimismo, indicó que los individuos tenían presuntos documentos del gobierno del estado de Florida, lo que implica una alerta mayor.
Bonta comentó que estos archivos reflejaban que la División de Manejo de Emergencias de Florida coordinó los vuelos.
¿Secuestro auspiciado por el gobierno?
En este sentido, el fiscal general de California recordó que Florida pagó al contratista Vertol Systems Inc. 1,56 millones de dólares durante el 2022, para trasladar a migrantes desde Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts.
Lo que podría implicar que este hecho en Sacramento es similar al ocurrido en la referida entidad. No obstante, Bonta alegó que están investigando el caso para llegar a una conclusión.
“Mientras seguimos recolectando evidencia, quiero dejar esto muy en claro: El secuestro auspiciado por el estado no es una elección de política pública, es inmoral y repugnante”, sentenció el fiscal.
El grupo de 16 extranjeros habrían sido contactados fuera de un centro para migrantes en El Paso, por personas que les ofrecieron empleo y asistencia de viajes. Sin embargo, no sabían que serían llevados a Sacramento.
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