El gobierno de Biden ha reanudado el programa de libertad condicional humanitaria para inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haiti, después de haberlo suspendido en julio tras acusaciones de fraude generalizado.
El programa, conocido por sus siglas en inglés como CHNV, permite a los inmigrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba solicitar asilo en el país si cuentan con un patrocinador que pueda brindarles apoyo financiero después de su llegada.
Los inmigrantes con patrocinadores estadounidenses que aprueben una verificación biométrica y biográfica reciben permisos de trabajo y una autorización de dos años para vivir en Estados Unidos. El programa no cubre los gastos de viaje, que los migrantes deben asumir ellos mismos.
El Departamento de Seguridad Na
Mcional (DHS) confirmó que después de una pausa de casi cuatro semanas ha reiniciado el programa que concede la entrada mensual de hasta 30,000 personas de estos cuatro países a EE.UU. y les permite obtener un permiso de trabajo por un periodo de dos años.
En una declaración escrita, el DHS explicó que se ha mejorado el proceso de selección, en especial el de los patrocinadores de las personas que realizan la solicitud bajo la figura conocida como “parole”.
“El DHS ha incorporado una investigación adicional de los patrocinadores radicados en EE.UU. para fortalecer la integridad de los procesos”, resaltó la agencia.
El programa, que comenzó a finales de 2022 solo para ciudadanos venezolanos y luego se amplió para incluir a las otras tres nacionalidades ha permitido la entrada de casi medio millón de migrantes a EE.UU., según datos del DHS.
El pasado 2 de agosto, el DHS puso en pausa la adjudicación de autorizaciones de viaje “mientras hacía una revisión de las solicitudes de patrocinadores”.
Las medidas de investigación mejoradas anunciadas el jueves incluyen, entre otras, un mayor escrutinio de los registros financieros y antecedentes penales de los patrocinadores, y métodos para identificar la presentación de múltiples solicitudes de un solo patrocinador.
Como parte del nuevo proceso, la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Centro Nacional de Identificación de Objetivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. se han asociado para implementar protocolos de investigación nuevos y mejorados, ahondó el DHS.
La agencia federal también requerirá ahora las huellas dactilares de los patrocinadores y reforzó la investigación de antecedentes de los posibles beneficiarios del programa.
El programa, que ha sido blanco de críticas y acción legal por parte de la oposición conservadora, forma parte de las medidas del Gobierno de Joe Biden para frenar la migración en la frontera sur.
La medida, sumada a las restricciones al asilo que el Gobierno ha ido implementando en los últimos dos años, ha contribuido a reducir la cantidad de personas de estos cuatro países que son arrestadas en la frontera con México.
La disminución ha sido especialmente notoria en las detenciones de las personas de Haití, Cuba y Nicaragua, de acuerdo con datos de CBP.
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